En noviembre de 2016, la renovación de las autoridades del Concejo Deliberante de Yerba Buena se dio en medio de un escándalo político. Los entredichos se profundizaron y tornaron casi insostenible la relación institucional entre ambos poderes.
Luego de dos meses y seis intentos, en medio de rumores de intervención y en una sesión que no se publicitó, tres concejales enfrentados con el intendente Mariano Campero (Acuerdo para el Bicentenario), el radical Benjamín Zelaya, el radical Lucas Cerusico y el peronista Héctor Aguirre, se quedaron con la presidencia y las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente. La formación de la mesa fue posible por la ausencia del concejal macrista Pedro Albornoz Piossek -enfrentado hoy a la intendencia- y la decisión de Cerúsico de adherir al sector que cuestiona al intendente. Esas dos posiciones y la ausencia de Rodolfo Aranda (su asunción está judicializada) propiciaron que los aliados de Campero (Javier Jantus, Marcelo Rojas y José Macome) no pudieran contrarrestar al grupo de Zelaya, Aguirre, Maximiliano García y Walter Aráoz. Desde entonces se sucedieron hechos escandalosos. Además del rechazo de proyectos de la intendencia; de la mora en la asunción de Aranda y de las sesiones truncas, hubo peleas.
El 28 de julio, ante la ausencia de Campero, Zelaya -como interino- se presentó en la Municipalidad y exigió la llave del despacho de Campero. El jefe de Gabinete, Manuel Courel, le respondió que no correspondía y, según el funcionario, lo despidió. Luego, esa tarde, hubo una sesión que terminó con sillazos y agresiones. Courel denunció que el padre del concejal Aráoz le pegó una trompada.